Muerte de Jenni Rivera enciende polémica sobre vuelos privados

El accidente de aviación en que murió la cantante Jenni Rivera provocó más que la tristeza de sus seguidores: en México muchos recordaron percances similares que en los años recientes costaron la vida a empresarios y funcionarios del gobierno federal.

Uno de los casos que vino a la memoria fue el del Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, quien falleció en noviembre de 2008 cuando su aeronave cayó en una concurrida avenida de Ciudad de México.

Como Rivera, conocida como la Diva de la Banda, el funcionario viajaba en un avión modelo Lear Jet.

A la muerte de Mouriño siguió la de Francisco Blake, también secretario de Gobernación, quien falleció en noviembre de 2011 cuando el helicóptero en que viajaba chocó contra un cerro en los suburbios de la capital mexicana.

Estos percances, junto con otros ocurridos a empresarios, militares, policías y funcionarios de gobiernos locales, mantienen en alerta a las autoridades mexicanas.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, reconoció que es necesario revisar las regulaciones mexicanas sobre los vuelos privados.

“Ha habido algunos avances, pero creo que hace falta muchísimo por hacer”, dijo a medios locales.

Uno de los temas a revisar, añadió el funcionario, es la edad permitida para tripular aeronaves en México. Según documentó la Secretaría de Comunicaciones, uno de los pilotos del Lear Jet 25 donde viajaba Jenni Rivera tenía 78 años de edad.

“Creo que no está normal que una gente de edad tan avanzada esté manejando un avión”, insistió.

La raíz del problema

La seguridad de los vuelos privados y las condiciones de las aeronaves de los distintos gobiernos ha sido una preocupación de las autoridades mexicanas.

Recientemente, por ejemplo, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) despidió a más de 80 empleados de la Dirección de Servicios Aéreos, quienes aparentemente estaban involucrados en la venta de refacciones nuevas destinadas al mantenimiento de las aeronaves.

Una auditoría realizada a la flotilla de aviones y helicópteros estableció que, con frecuencia, agentes y funcionarios de la PGR volaban en aparatos que no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad.

Y antes la Fiscalía investigó un probable caso de asignación irregular de contratos para el mantenimiento de aeronaves del gobierno federal, entre ellas las utilizadas por el entonces presidente Felipe Calderón.

La falta de supervisión en las flotillas oficiales es uno de los problemas más serios de la aviación civil en el país, le dice a BBC Mundo Miguel Angel Valero, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores (CPA).

“Las empresas comerciales están muy reguladas, son muy seguras, incluso son auditadas por compañías extranjeras”, explica.

“Pero la aviación del estado no se ve obligada a que se audite, particularmente en los gobiernos locales”.

Academias patito

De acuerdo con reportes de empresas de aviación estadounidenses, en los últimos años la guerra contra el narcotráfico aumentó el uso de aviones privados por parte de empresarios y familias adineradas que temen viajar por carretera, especialmente en la región noreste de México.

Es una zona que disputan la banda de Los Zetas y la alianza de carteles de Sinaloa y del Golfo.

La demanda de aeronaves propició el aumento de escuelas de pilotos, que en varios casos no cumplían con los parámetros internacionales de capacitación, según el CPA.

Las autoridades reconocen que varios de los recientes percances de aviación ocurrieron por errores de los pilotos. Fue el caso de la muerte de Mouriño, Blake Mora y el empresario Moisés Saba, por ejemplo. Después de los accidentes las autoridades revisaron las condiciones de operación de estas escuelas.

Así, los problemas de capacitación parecían resolverse… hasta hace poco. Semanas antes de concluir el gobierno de Calderón, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) cambió las condiciones para otorgar las licencias para tripular aeronaves.

Antes del decreto, para ser piloto era necesario contar con estudios universitarios y obtener una cédula profesional de empleo, un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública a los estudios realizados.

Pero el gobierno de Calderón eliminó el requisito, con lo cual, afirma el presidente del Colegio de Pilotos, se facilita el camino a las escuelas improvisadas, conocidas en México como “academias patito”.

Y también aumenta el riesgo para la aviación civil. “Vamos para atrás, ya vivimos experiencias amargas en cuanto a la laxitud en la entrega de licencias de pilotos”, afirma Miguel Valero.

La SCT, en cambio, insiste en que promoverá mejores normas para el tráfico aéreo en todos sus aspectos. “Trataremos de tomar cartas en el asunto de inmediato para dar respuesta”, afirmó el secretario Ruiz Esparza.

“Que haya mejor regulación y más garantías, sobre todo para los usuarios”.


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