Maduro, con enorme maquinaria de promoción

CARACAS, Venezuela (AP) — Mientras camina por una de las empinadas calles de la barriada El Atlántico, al oeste de la ciudad, Rodolfo Radamés Sánchez, de 44 años, se acerca al conductor de una camioneta de pasajeros y le recuerda que hará parte de una red de decenas de vehículos públicos que trasladarán a los votantes de la zona el domingo, cuando se celebran los comicios presidenciales.

Como dirigente comunal del Partido Socialista Unido de Venezuela, su trabajo consiste en asegurarse de que la gente de su barrio sepa dónde tiene que votar y de que sean llevados a las casillas de votación respectivas.

"Sacamos casi 5.000 personas hacia otros centros (de votación)... Aquí te colocamos los puntos donde van a estar las camioneticas (que) tienen unos letreros que dicen hacia los centros donde lo vamos a llevar (a los electores)", dijo Sánchez a The Associated Press. "Entonces ellos se montan y dicen en cuál centro van y la camioneta los lleva".

Sánchez es apenas una de las piezas de un vasto engranaje del oficialista partido socialista, que movilizará a miles de electores el domingo.

Pero no es sólo estructura, también hay estrategia: el oficialismo pone en marcha un mecanismo denominado "1 por 10", según el cual los miembros del partido se encargan de monitorear que al menos 10 de sus conocidos sufraguen.

Se trata de una maquinaria bien engrasada de promoción del voto, que fue construida en los 13 años de gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez. Cuenta con unas 200.000 personas, incluidos motociclistas del común y transportistas públicos. Su principal beneficiario, el presidente encargado Nicolás Maduro, de 50 años, sabe cómo afinarla casi a la perfección luego de los años que ha servido como leal soldado de la causa chavista; una causa que ha ganado por cuatro ocasiones consecutivas las elecciones presidenciales.

El aparato de promoción oficialista podría ser mayor si se considera a los casi 2,7 millones de empleados estatales, algunos de los cuales hacen campaña abiertamente a favor del candidato oficialista, como lo constató la AP, y otros que son presuntamente presionados a votar por él bajo amenaza de perder su trabajo.

Esto sin contar a los millones de beneficiarios de los programas sociales y subsidios creados por Chávez, algunos convencidos de votar por el sucesor del popular caudillo, y otros presuntamente atemorizados por el oficialismo que infunde el rumor de que el candidato opositor Henrique Capriles, de 40 años, acabaría las prebendas sociales.

"En todas las elecciones, los candidatos realizan enormes esfuerzos para llevar a sus partidarios a las urnas", dijo Cynthia Arnson, directora del programa para América Latina Centro Internacional Woodrow Wilson. "En Venezuela esto es diferente porque Maduro puede recurrir a una base chavista que ha recibido enormes beneficios del Estado y pueden movilizarse rápidamente y ha habido una confusión completa de los recursos del Estado con los recursos de la campaña".

Y agregó: "no es sólo la maquinaria del partido; es el aparato entero del Estado que puede ser desplegado".

La oposición asegura estar frente a una "batalla épica" porque dice que dispone de poco dinero que haya sido donado por personas o empresas, y que enfrenta a esta estructura estatal que integran ministerios, empresas como Petróleos de Venezuela S.A., el sistema de radio y televisión pública, gobernaciones y alcaldías.

Desde 2003 Chávez, fallecido el 5 de marzo, comenzó a crear una serie de programas estatales conocidos como "misiones" (campañas de alfabetización, mercados populares, pequeños hospitales, entre otros), para atender a los sectores mayoritariamente pobres del país, donde concentraba su poder electoral.

Como parte de estos programas, el gobierno hizo censos de los beneficiarios lo que le permitió construir una base de datos con direcciones, números de teléfono, miembros de las familias, ingresos y trabajo.

El dirigente comunal Sánchez dice que el plan de movilización se hace también con base en un censo, aunque no está claro si esa información proviene de los registros hechos, por ejemplo, para las misiones.

El hombre asegura, sin embargo, que los registros de que dispone el oficialismo no son utilizados para presionar a los electores a votar. "Siempre la mayoría sale sola", dijo.

Pero algunos critican el uso del poder de las instituciones con fines políticos, incluyendo al ejército, al que la oposición le reclama neutralidad.

Poco después del fallecimiento de Chávez, el ministro de Defensa, almirante en jefe Diego Molero, prometió que las fuerzas armadas apoyarían la candidatura de Maduro, mientras que en un acto público con militares, el presidente encargado urgió a los uniformados a ser leales al legado del ex mandatario.

A finales del mes pasado, el diputado opositor Alfonso Marquina denunció que militares le hicieron llegar un supuesto documento de 100 páginas, en el que señala que miembros de la Guardia del Pueblo (un cuerpo especial de la Guardia Nacional) y de la milicia serían desplegados en todo el país para incitar a los ciudadanos a votar a favor de Maduro.

Marquina responsabilizó de ese presunto plan al almirante Molero, y al general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, jefe de un comando de la capital.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Diosdado Cabello, consideró como "ridiculeces" las denuncias de Marquina, y dijo que ese supuesto documento nunca llegó a los militares.

Marquina solicitó al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento sobre el supuesto plan militar pero hasta ahora no han emitido comentarios.

El legislador opositor mostró el documento a la distancia en reuniones con la prensa. La AP le solicitó una copia pero Marquina no respondió a las múltiples llamadas para obtenerla.

Las autoridades castrenses han rechazado los señalamientos de opositores que acusan a algunos altos oficiales de estar abiertamente parcializados a favor del gobierno, y han asegurado que en los venideros comicios la fuerza armada actuará apegada a la ley.

El presidente encargado ha llamado directamente a empleados gubernamentales a votar por él, en medio de manifestaciones políticas con trabajadores petroleros, eléctricos y de telecomunicaciones.

En el acto de cierre de campaña de Maduro en la capital, la AP observó cómo miles de empleados públicos marcharon por varias calles y avenidas del centro de la capital. Empleados del Ministerio de Industria, con camisetas estampadas con el nombre de la institución, se sentaron en una mesa fuera de sus oficinas y repartieron propaganda electoral, al tiempo que escuchan música pro chavista.

Partidarios de la oposición dicen que empleados públicos temen perder sus empleos si no actúan así.

En una marcha la semana pasada a favor de Capriles, un ama de casa de 46 años casada con un guardia de seguridad en la empresa petrolera estatal, lanzó una letanía de quejas contra el gobierno.

"Ellos tienen que vestir de rojo, nadie puede decir nada en contra del gobierno", dijo la mujer a la AP sobre lo que tiene que hacer su esposo y sus compañeros. Su rostro se tensó al darse cuenta que podría aparecer publicado su nombre, que se abstuvo de dar.

Dijo que su esposo "va a votar por Maduro porque dice que no puede perder el trabajo por un voto".

La AP se comunicó con el despacho del ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, para conocer la versión oficial sobre estos dichos y al momento no han dado respuesta.

Al cuestionar el uso de empleados públicos en actos de campaña, el director nacional del comando opositor, Carlos Ocariz, dijo que eso forma parte de la "desesperación" del oficialismo que "arrecia las presiones de nuestro pueblo que trabaja en esos organismos" porque "tienen miedo a perder el poder".

"Esto no es una lucha simplemente electoral es una lucha épica porque estamos luchando contra los poderosos, contra el poder", comentó a la AP, al quejarse de que la estatal petrolera y otros entes públicos utilizan sus recursos para hacer propaganda a favor de Maduro.

La televisión estatal transmite por completo cualquier acto de Maduro y apenas fragmentos de la oposición, que sólo recibe atención completa del canal privado Globovisión que sólo transmite su señal abierta en Caracas y la ciudad de Valencia. Al resto del país, la señal la pueden ver quienes pueden pagar por el servicio de cable.

Giovanni Rinaldi, trabajador de una planta hidroeléctrica de la oriental Ciudad Guayana, dijo a la AP el jueves que fue despedido el día anterior después de publicar en Twitter una foto de un vehículo de la compañía eléctrica que se utiliza para distribuir material de campaña Maduro. La razón del despido fue presunto sabotaje a la red eléctrica, a lo que él replicó que se trataba de un "pretexto".

En el ruinoso estacionamiento de un antiguo edificio del estatal Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al oeste de la capital, el oficialista Frente Motorizado Nacional Socialista Franco Arquímedes se apresta a instalar lo que llama una "sala situacional"; una especie de centro de operaciones desde donde prevé movilizar motociclistas hacia lugares que se requieran para llevar electores a los centros de votación.

El frente está integrado por unos 12.000 motociclistas privados en la capital y otros 30.000 en el interior del país que dicen pagar su propia gasolina.

El presidente de la organización, Alexis Tovar, dijo a la AP que la movilización de electores se hará de manera gratuita.

Tovar negó versiones que sostienen que los militares trabajan de manera conjunta con las redes de motorizados para llegar hasta las viviendas de los electores que no han sufragado y coaccionarlos a votar a favor del oficialismo.

Dijo que la labor que realizan con la Guardia Nacional y la Guardia del Pueblo se centra en proporcionarles información sobre posibles disturbios en la ciudad.

Sobre el papel que cumplirán los grupos de motociclistas oficialistas en las elecciones, Gustavo Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Motorizados Bolivarianos, dijo a la AP que ellos representan "la tercera opción de apagar cualquier candela que ellos (la oposición) prendan".

"En el sentido de que ellos (los opositores) vayan hacer un foco de violencia nosotros lo vamos a apagar de la manera que sea", indicó el dirigente sin aportar mayores detalles.

Los sectores adversos al gobierno han acusado en varias oportunidades al oficialismo de recurrir a grupos motorizados, que suelen recorrer los centros electorales en los días de votación, para amedrentar a los votantes.

Un grupo de universitarios opositores, que mantenía una huelga de hambre desde la semana pasada en la plaza capitalina La Castellana para exigir a las autoridades un proceso transparente en los comicios presidenciales, fue atacado a comienzos de semana por presuntos seguidores del gobierno que llegaron al lugar en motocicletas.

Maduro repudió el incidente y prometió una investigación.

El arzobispo del estado occidental de Mérida, Baltazar Porras, dijo a la AP que fue testigo de cómo supuestos motorizados oficialistas, con el rostro cubierto con pañuelos rojos, atacaron a opositores que participaron en una marcha de Capriles realizada a mediados de semana en la capital de esa entidad.

Para el domingo, Ocariz dijo que la oposición tiene previsto activar una maquinaria de unas 200.000 personas, similar a la del oficialismo, que incluirá testigos y técnicos electorales y voluntarios que prestarán apoyo logístico para movilizar electores y atender a las personas que trabajarán en los centros de votación.

En sus actos de campaña, Capriles ha dicho a la gente que el gobierno no tiene manera de saber por quién votarán y les ha prometido que nadie será despedido si resulta elegido.

La votación en Venezuela se realiza a través de máquinas electrónicas en las que el elector marca con el dedo el candidato de su preferencia. Otro pequeño aparato instalado al lado de esta pantalla emite un recibo que comprueba el sufragio e incluye el nombre del candidato por el cual votó. Ese recibo debe ser depositado inmediatamente en una urna.

Las máquinas de votación son instaladas sobre una mesa y están cubiertas con un paraban de cartón que tapan por completo a los electores e impiden ver por quién se sufraga. Al final, los votantes deben mojar su dedo meñique en una tinta indeleble como señal de que ya votaron y no pueden volver hacerlo.

Para los comicios presidenciales se invitó a una delegación de observación de la UNASUR. El Centro Carter informó esta semana que una delegación, que incluye al ex presidente panameño Martín Torrijos, acompañará los comicios.

La Organización de Estados Americanos informó el jueves en un comunicado que el día de las elecciones asistirán dos representantes, incluido el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que ha sido congresista, embajador ante las Naciones Unidas y secretario de Energía durante la administración Clinton.

"Esta visita no debe ser entendida ni interpretada como observación electoral", aclaró la OEA. Las autoridades electorales han restringido en los últimos años la actuación de las organizaciones e invitados extranjeros a la condición de "acompañantes internacionales" que deben entregar al Consejo Nacional Electoral informes escritos confidenciales luego de finalizado el proceso.

Los informes de los delegados extranjeros no tienen efectos jurídicos ni carácter vinculante para el consejo electoral.

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Fabiola Sánchez está en Twitter como https://twitter.com/fisanchezn

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A este reportaje contribuyeron los periodistas de The Associated Press Frank Bajak y Alexandra Olson.

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