Médicos españoles se rebelan y seguirán atendiendo a los inmigrantes irregulares

Unos 900 médicos españoles firmaron un manifiesto en el que se comprometen a "seguir atendiendo" a sus pacientes en situación irregular en el servicio de salud público, pese a una nueva ley que limita a unos pocos casos la asistencia a los sin papeles a partir del 1 de septiembre.

"Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono", dice el texto, que este martes ya habían firmado unos 870 médicos en Internet.

Firmándolo, los doctores entran a formar parte de una red de "objetores de conciencia" creada en julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (semFYC), asociación formada por 19.500 profesionales. Reaccionan así ante una controvertida medida tomada por el Gobierno del Partido Popular en el marco de sus draconianas políticas de austeridad para intentar reducir el déficit público, de un 8,9% del Producto Interior Bruto en 2011 a menos del 3% en 2014.

Según dicha medida, a partir del 1 de septiembre, los inmigrantes en situación irregular en España dejarán de tener acceso al sistema gratuito de sanidad pública, salvo en los servicios de urgencias, la atención a las embarazadas y la asistencia médica a los menores de 18 años.

Una medida con la que, junto a la limitación del "turismo sanitario" por parte de europeos que ya tienen cobertura médica en sus países del origen, el Gobierno español espera poder ahorrar "aproximadamente 1.000 millones de euros por año".

En respuesta al malestar de los médicos, el Ministerio de Sanidad aseguró este martes que estaba estudiando la creación de "convenios" pagados que permitan, sobre todo a los no europeos, "ser recibidos en el sistema público" durante su estancia en el país.

No precisó, sin embargo, qué coste tendrían. Anteriormente, el diario El País había afirmado que los inmigrantes irreguales deberán pagar 710,40 euros por año si son menores de 65 años y que la suma podría llegar a 1.864,80 euros por año para los más mayores.

Unos empleados públicos salen a las calles del centro de Madrid para manifestarse contra los recortes previstos por el Gobierno, el pasado 27 de julio.

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