Demandan diputados medidas para atender a víctimas de Rápido y Furioso

México, 16 Oct. (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta al gobierno federal a impulsar acciones legales para atender a las víctimas de crímenes en los que se han empleado armas del operativo Rápido y Furioso.

En el documento presentado por el legislador petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, se establece que con ello se pretende garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos víctimas de la delincuencia que adquirió armas del fallido mecanismo.

La propuesta se sustenta en el Artículo 20 constitucional, que determina que el proceso penal tendrá como objetivo esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños causados por el delito.

México ha suscrito diversos tratados internacionales "que determinan que todo incumplimiento o violación de un deber jurídico internacional, imputable a un Estado en su calidad de sujeto de derecho internacional, genera una obligación el hecho ilícito cometido a cargo del Estado infractor", aseveró.

Al respecto, el diputado de Nueva Alianza José Angelino Caamal Mena planteó que el combate contra las drogas sólo es eficaz si se realizan esfuerzos con una visión regional, ya que ese fenómeno trasciende fronteras convirtiéndose en una amenaza global.

La expansión territorial, el cúmulo de recursos financieros y el grado de violencia ejercido por los grupos delincuenciales, dijo, hacen imperativa la colaboración de los países involucrados para contrarrestar sus efectos en la seguridad nacional y pública.

Sin embargo, señaló, no se puede permitir que se lleven a cabo operativos que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos mexicanos y la paz social.

El legislador externó que "ninguna acción contra la delincuencia organizada, por más urgente y necesaria que sea, está por encima de la ley, menos cuando ello implica afectación directa a la ciudadanía".

Refirió que el respeto a los derechos humanos debe ser una prioridad en la estrategia de la seguridad nacional y su violación debe ser motivo para que se investigue, se sancione y se repare el daño causado.

En su oportunidad, la diputada petista Loretta Ortiz Ahlf señaló que más allá de la indemnización que se puede dar a las víctimas está su derecho a la verdad, al acceso a la justicia y "a que no quede en la obscuridad y en la impunidad saber quiénes son responsables de la comisión de los ilícitos que todo ese operativo ha traído a traslucir".

A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano Juan Luis Martínez Martínez externó que el operativo Rápido y Furioso se tradujo en una serie de resultados verdaderamente catastróficos.

"El operativo Rápido y Furioso, como muchos otros, fue completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público y de los derechos humanos", subrayó.

El legislador Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde, mencionó que ese dispositivo "fue un franco retroceso en la construcción de confianza mutua en la relación de dos gobiernos vecinos".

La diputada perredista Aleida Alavez Ruiz indicó, en tanto, que "por parte del gobierno mexicano no sabemos nada, ninguna información que nos permita saber la verdad de ese operativo y sus alcances".

Mientras, el panista Marcos Aguilar Vega señaló que esa acción "no sólo irritó la relación entre Estados Unidos y México, sino que además ha significado la muerte de mexicanos inocentes a manos de la delincuencia organizada".

NTX/ASV-ERM/IAM

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