Corte IDH visita a comunidad que demandó a gobierno ecuatoriano

QUITO (AP) — Como histórica calificó el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayan, la visita que cumplió el sábado una delegación del organismo en una zona de la Amazonia ecuatoriana, como parte del juicio que entabló la comunidad indígena Sarayaku contra el gobierno.

García Sayán aseguró que la jornada, en la que entrevistaron a representantes de los comuneros y recorrieron varios puntos de la zona, es la primera que se realiza en el terreno, señaló un comunicado de la Procuraduría del Estado.

El alto delegado agregó que la diligencia transcurrió con "respeto recíproco" entre las partes, lo que evidenció su compromiso con los "principios democráticos".

Previamente, el presidente Rafael Correa acusó a fundaciones extranjeras de estar detrás de la demanda de los Sarayaku, con la cual su gobierno "está totalmente de acuerdo", por considerar que se violaron sus derechos al concesionarse territorios para actividades petroleras, sin consulta previa.

Mencionó a fundaciones francesas y belgas como "Palabra de Naturaleza", "Movimiento de Acción a Través del Mundo", entre otras, que "están en campaña contra el Ecuador a nivel internacional... para entorpecer la explotación responsable de nuestro recursos naturales no renovables", dijo.

Añadió que estas organizaciones pretenden que se aplique la figura del "consentimiento previo" por parte de las comunidades indígenas para todo tipo de concesión, lo cual calificó de "inconstitucional".

La constitución ecuatoriana reconoce la "consulta previa" como un mecanismo de consenso pero no de carácter vinculante, aclaró.

Correa denunció que "lo que buscan es pararnos la décima primera ronda petrolera" para la explotación en el suroriente de la Amazonia ecuatoriana, "donde hay probablemente mucho más petróleo que en todo el norte y centro de la Amazonia".

En su programa sabatino, agregó que el gobierno ha cumplido las medidas cautelares dictadas por la corte interamericana en 2004, que incluían el retiro de la explosivos que colocó la petrolera argentina Compañía General de Combustibles en la zona, con un costo de 700.000 dólares.

La comunidad Sarayaku demandó en 2003 al gobierno ecuatoriano por la concesión en 1996 del bloque petrolero 23 a la empresa argentina, que colocó en el territorio 1.400 kilogramos de explosivos que impedían el tránsito de los integrantes.

La compañía se retiró del país andino en 2011, tras paralizaciones violentas de los indígenas Sarayaku, que atacaron y secuestraron a técnicos y robaron materiales, entre otros hechos.

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