Sin consenso en ALDF el debate sobre el arraigo

México, 21 Feb. (Notimex).- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa se fijó un plazo de 15 días para solucionar el tema de la desaparición o permanencia de la figura del arraigo en la capital del país.

Los diputados dividieron opiniones sobre la propuesta de derogar el Artículo 270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y el Artículo 6 de la Ley de Delincuencia Organizada, pues mientras unos consideran que viola los derechos humanos, para otros es una herramienta útil contra la delincuencia.

El presidente de la Comisión, el perredista Antonio Padierna Luna, aseguró que en el dictamen se buscará privilegiar los derechos humanos y utilizar todas las herramientas y tecnologías para establecer un nuevo sistema penal más justo y más humano.

Coincidió con el legislador de Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, para que la figura del arraigo desaparezca, y que se debe actuar con responsabilidad y congruencia para no pasar de un sistema a otro y no “crear escenarios de telenovelas, donde se crean delincuentes”.

Por ello, dijo que en estos 15 días en que se analizará el tema, si el gobierno capitalino aplica el arraigo, se respeten y garanticen los derechos de las personas y no se haga público, pues apuntó que en los últimos 15 años la administración local ha respetado las garantías individuales.

Gaviño Ambriz consideró que el arraigo es violatorio de los derechos humanos y que se abusa de esta figura, por lo que “no es posible que la izquierda en la ciudad, donde existen leyes de avanzada, progresistas y de vanguardia, apoye esta figura que es inquisitoria”.

Asimismo, aseguró que sólo tres por ciento de las órdenes de arraigo terminan en sentencia, mientras que la diputada Olivia Garza de los Santos aseveró que de 305 órdenes de arraigo se lograron 259 consignaciones, “lo cual demuestra que en la capital sí funciona”.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que “no debe abrirse la puerta a la delincuencia organizada”, para que no se repitan fenómenos como en Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León y Guerrero, por lo que se requiere revisar a detalle esta medida cautelar.

En tanto, el asambleísta del PRD, Arturo Santana Alfaro, opinó que sería “aventurado” eliminar la figura cautelar, y propuso realizar un análisis objetivo y a conciencia y no generalizar las violaciones a los derechos humanos.

A su vez, Gabriel Antonio Godínez, también del PRD, afirmó que el arraigo es inconvencional e inconstitucional, pues va contra los convenios internacionales y las reformas constitucionales que ha firmado México, y viola principios como el de la libertad y la legalidad.

NTX/FMR/MGC

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