MÉXICO, D.F., septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- De sur a norte México tiene corredores de trata de personas considerados por organismos no gubernamentales “paraísos” para el comercio de seres humanos.
Lo que se conoce como una nueva forma de esclavitud tiene como principales aliadas a la complicidad y la corrupción de autoridades federales, estatales y municipales, que brindan protección a los tratantes y lenones que operan redes de prostitución, cuyos tentáculos se extienden desde América Central hasta Estados Unidos.
Mujeres y niñas que un día son explotadas en la zona de La Merced, en la capital del país, aparecen al otro en áreas de prostitución en Puebla y Tlaxcala. Cuando las autoridades de un estado realizan operativos en contra de la trata, las redes criminales desplazan a sus víctimas a otras entidades aledañas donde el cobijo de la corrupción les permite seguir con la explotación.
Una investigación auspiciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos encontró sólo en Baja California 5 mil células de tratantes de personas. En esa entidad Tijuana, Mexicali y Tecate son consideradas el triángulo forzado de la prostitución.
La investigación documentó que la mayoría de las mujeres que son sometidas a explotación sexual fueron secuestradas de estados como Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca.
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es un punto estratégico en el mapa regional del comercio de personas.
El organismo también identifica a Costa Rica como paraíso sexual, al ser origen, destino y tránsito de víctimas, además de paso de miles de migrantes ilegales en su viaje de Sudamérica a México, Estados Unidos y Canadá. La cadena engancha a centenares de jóvenes centroamericanas y las traslada a México en complicidad con redes de traficantes del sur del país. Muchas se quedan en México y otras son enviadas a Estados Unidos.
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